“Gastos militares para escuelas y hospitales”. Esta frase no sólo es una proclama que hemos pronunciado y escuchado en muchas manifestaciones y protestas a las que hemos asistido, es una petición, una exigencia basada en una realidad que atraviesa nuestra vida. Esa realidad nos dice que mientras gran parte de la población del estado español se encuentra en situaciones acuciantes de precariedad y pobreza, sin saber cómo llevar un plato de comida a la mesa, se destina una cantidad ingente de recursos a inversiones militares, compra, fabricación y exportación de armamento; sólo hay que poner encima de la mesa algunos datos que nos ayuden a comprender de qué estamos hablando: en 2019, el gasto en educación fue de 2.541 millones de euros (un 0,69 % del presupuesto total español). En ese mismo año, el gasto en servicios sociales fue de 2.631 millones de euros (un 0,71 % del presupuesto total). La inversión en salud pública no llega al 6% de PIB español y sólo un 1% de esa inversión está destinada a atención primaria. Sin embargo, el gasto militar en el estado español en 2019 alcanzó los 20.050 millones de euros.

Cabe preguntarse ¿por qué? ¿A qué responde esta diferencia de inversión de recursos públicos? ¿Por qué se siguen alimentado numerosos conflictos armados en países del mal llamado “tercer mundo”? ¿La prioridad no debería ser asegurar la vida digna de las personas? Una de las posibles respuestas a estas preguntas es muy sencilla: las armas son un gran negocio y, como muestra, un botón; los grandes bancos españoles (como banco Santander o BBVA) invirtieron más de 7.000 millones de euros en la industria militar entre el año 2014 y el 2019. Los mismos bancos que siguen desahuciando a miles de personas con el único objetivo de especular, poniendo en jaque un derecho fundamental como es el de la vivienda. Todo ello permitido y alentado por la Unión Europea, la cual facilita y pone al servicio de los estados el terreno de juego que les permite a unos pocos seguir enriqueciéndose a costa del sufrimiento y precariedad vital de otras muchas.

Y ante esta realidad insostenible, la lucha social parece ser la posibilidad más lógica y lícita. Nos quieren muertas o sometidas y tenemos el derecho y la responsabilidad de defendernos, protestar y encarar el poder dominante para generar una sociedad justa y sostenible pero la lucha social no es gratuita, la represión es la respuesta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Violencia para que nada cambie. Ley mordaza como antídoto a la dignidad. Son muchas las personas y colectivos que ponen sus cuerpos para evitar desahucios, hacer frente a la injusticia social, conservar el poco medio natural que aún nos queda, señalar y combatir el fascismo, poner en el candelero el feminismo como respuesta ante el heteropatriarcado, etc. Y son muchas las represaliadas, agredidas y enjuiciadas por defender los derechos sociales, por decir basta ya. Activistas como Fran Molero, que lleva casi tres años encerrado en una prisión por protestar frente al Congreso, por exigir dignidad. Los montajes policiales están a la orden del día, las agresiones en comisarías, el control y la represión policial en barrios empobrecidos es una constante y las cárceles siguen siendo el reflejo y la respuesta institucional y totalmente normalizada a las situaciones de empobrecimiento.

Ni el arte se escapa de la violencia del estado; Pablo Hasel, Valtonic o el caso de los Titiriteros son algunos de los artistas que han sufrido represión por poner en práctica la libertad de expresión. Mientras tanto, se permiten con total impunidad expresiones fascistas en nuestras calles, incluso en tiempos actuales de COVID, bajo la excusa de una suspuesta protección de la ciudadanía y del cumplimiento de las medidas sanitarias, ha sido mucha la violencia ejercida por parte de la policía a personas cuyo único delito ha sido no llevar puesta la mascarilla o salir a correr para reducir la ansiedad en momentos de confinamiento. Nada de inversión en cuidados psicológicos para preservar la salud mental de la sociedad, la solución del estado siempre pasa por la represión. Y lo peor es que esta represión basada en la no obediencia ciega puede que haya venido para quedarse. Se produce la criminalización sistemática a movimientos como el 8M por poner en peligro la salud pública en una manifestación, mientras, sin embargo, no se cuestiona la masificación de los metros y buses para ir a emplearse ni la concentración en las terrazas de los bares de personas que consumen. Casualidad… ¿o no?

Desde Zambra entendemos que la prioridad debe ser que todas las personas tengan derecho a cubrir las necesidades básicas y a vivir dignamente, que la Renta Básica de las Iguales no sólo es posible, sino necesaria, que es necesario un reparto justo de la riqueza existente. Ante la injusticia social, la lucha es legítima y nunca puede ser represaliada por la violencia del estado. Por ello, exigimos la Amnistía social para todas aquellas personas multadas o encarceladas por defender los derechos más fundamentales. La vida no puede estar supeditada al negocio de unos pocos y la represión no es ni será la solución a la pobreza.

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