el dia 20 de junio se ha suspendido el juicio promovido por Carlos Floriano contra 6 militantes de los Campamentos Dignidad de Extremadura. Al parecer, no le ha llegado la citación judicial. No sabemos si es que el Señor Floriano ha cambiado de domicilio (de ese que peligrosísimos activistas sociales querían violentar) o está prófugo de la justicia.
Los Campamentos Dignidad, como el conjunto de las personas en el paro y la precariedad, SÍ que están sufriendo el escrache sistemático por parte de estos políticos inútiles y antisociales. Y además, estamos sufriendo la represión y la amenaza constante que trata de evitar la crítica y la denuncia desde los movimientos sociales. Veamos la muestra.
En los próximos meses los Campamentos Dignidad de Extremadura se enfrentan a cuatro juicios relacionados con las luchas por la Renta Básica y el derecho a la Vivienda. Estos son los datos fundamental es:
1. EL JUICIO DE LA RENTA BÁSICA. 19 compañeros y compañeras de los Campamentos Dignidad serán juzgados en los próximos meses por denunciar el impago de la Renta Básica en Extremadura. Más de 20.000 personas esperan la resolución a su solicitud y mientras tanto el Gobierno regional se dedica a la propaganda. L@s compañer@s procesados entraron en el Centro Territorial de TVE ubicado en Mérida el día 11 de febrero de 2014 durante la transmisión del informativo de mediodía. La Dirección del Centro decidió interrumpir la emisión. En este momento, los 19 están en libertad provisional, teniendo que ir a firmar al juzgado todos los días 1 y 15 de cada mes. El fiscal pide para cada uno casi 9.000 euros. La cantidad total asciende a 171.000 euros. En el caso de ser insolventes, se pide para cada uno cuatro meses de trabajos de servicio a la comunidad. El juicio sigue sin fecha pero previsiblemente, se celebrará en el otoño.
2. EL ESCRACHE DE FLORIANO. Cinco compañeros y una compañera de los Campamentos Dignidad (2 de Cáceres, 2 de Plasencia y 2 de Mérida) están denunciados por el número 3 y portavoz nacional del Partido Popular, el extremeño Carlos Floriano por un supuesto escrache. El señalamiento a Floriano se produjo el día 6 de mayo de 2013, en el marco de la Marcha por la Renta Básica desde Plasencia a Mérida. Floriano, por su cargo, es uno de los máximos responsables de la miseria y los desahucios que sufren millones de personas en España.
3. LA URBANIZACIÓN DE LOS ÁLAMOS PARA EL PUEBLO DE MÉRIDA. 12 personas del Campamento Dignidad de Mérida fueron denunciados por Aprosa, la empresa “propietaria” de la Urbanización Los Álamos en Mérida. Se trata de 210 viviendas terminadas al 70% que están muriéndose de risa y constituyendo un foco de inmundicia y peligro para los niños y niñas de Mérida. Y mientras, muchas familias tienen que vivir hacinadas o han sufrido el desahucio de los bancos. El Campamento Dignidad de Mérida está exigiendo su terminación y su puesta a disposición de la población carente de vivienda. El Ayuntamiento emeritense ha tenido que reconocer la justeza de la reivindicación del Campamento Dignidad y ha empezado a abogar por que la Junta de Extremadura acabe la obra y las habilite como viviendas sociales. En este momento quedan todavía 3 personas imputadas a cada una de las cuales se pide 1800 euros de fianza.
4. LA CORRALA SOLIDARIDAD DE ALMENDRALEJO. Cinco compañeras y compañeros de la Corrala Solidaridad y de la Acampada Dignidad Almendralejo han recibido citación judicial para ir a declarar el lunes 30 de Junio a las 11:30 por la creación de esta corrala de vecin@s que estaban sin hogar. Las viviendas propiedad inicialmente de Caja Duero forman parte ya del SAREB (Banco Malo). Los compañeros de la Corrala están haciendo habitable unas viviendas que se deterioraban día a día. En la última adjudicación de viviendas sociales se “sortearon” 21 casas y había 141 solicitudes.
Esta es la sistemática represión que están sufriendo los Campamentos Dignidad de Extremadura. Sólo en estos cuatro procedimientos judiciales hay 41 compañeras y compañeros denunciados. A ello hay que sumarle otros 17 militantes sancionados y 12.000 euros de multa que nos piden por otras acciones de lucha contra el paro y la precariedad, por la Renta Básica y el fin de todos los desahucios. En total, 58 compañeros y compañeras represaliadas y 183.000 euros de multa.
Los Gobiernos del PP quieren acabar con la resistencia de la clase obrera y el pueblo extremeño a base de multas y calabozo. Pero se equivocan. El miedo está cambiando de bando. La Dignidad vencerá al miedo
Agregar comentario